Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y Juan Molinar Horcasitas, director general del IMSS firmaron ‘en lo oscurito’ -sin conocimiento de las bases- un acuerdo que limita los derechos de los futuros trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante las negociaciones del contrato colectivo de trabajo (CCT) que se llevó a cabo hace apenas tres semanas en ese instituto. Supuestamente la introducción de dicha cláusula no fue del conocimiento del comité ejecutivo del sindicato, situación que está pendiente de comprobarse, pero por lo pronto los asesores legales del SNTSS, los abogados Arturo Alcalde Justiniani y Néstor de Buen, renunciaron como consultores jurídicos del sindicato.
El turbio acuerdo firmado por la dirección general del IMSS y la dirigencia sindical del SNTTS, el mes pasado, afecta directamente la forma en que serán jubilados los nuevos trabajadores que contrate el instituto, limitando sus derechos en tres puntos fundamentales:
El primero punto establece que la dirección general del IMSS y el secretario general del SNTSS aceptan el arbitraje del secretario del Trabajo, “cuyo resultado será inapelable”, para determinar el número de plazas que falta por contratar en la institución, lo cual es una traición a los acuerdos que rigen desde el año 2005.
El segundo menciona que la edad de jubilación para los nuevos trabajadores aumenta a 60 años y después de 35 años de servicio para los varones y 34 para las mujeres (en el régimen actual es de 30 y 28 años, respectivamente) y que las cuentas de retiro se gestionarán de manera similar a la de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que garantizan, actualmente, una pensión equivalente a 30 por ciento del último sueldo. Los actuales trabajadores del IMSS tienen una pensión del 118 por ciento de su último salario.
El tercer punto señala que se instalará una comisión para revisar las condiciones de jubilación de los nuevos trabajadores de la institución, pero que en caso de que en 90 días no se llegue a un acuerdo, los empleados que sean contratados por el instituto recibirán como pensión los beneficios que marca la Ley del Seguro Social, que rige para todos los trabajadores del sector privado, en los que la pensión garantizada es de un salario mínimo.
Valdemar Gutiérrez, obviamente negó, como suele suceder en todos los casos de corrupción, que exista ese acuerdo, pero el diario La Jornada confirmó que tan existe, que está depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje como parte de los documentos de la pasada negociación del contrato colectivo, con las fojas 1005 y 1006.
Ya sea por curarse en salud o por poner sus barbas a remojar los ahora exconsejeros laborales declararon que “claro que existe ese convenio negado por Gutiérrez”, y ese acuerdo vulnera los acuerdos, condenando a los futuros trabajadores del instituto a que veán cancelado el régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que obtendrán pensiones bajísimas al momento de su retiro.
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