Por: Luis Hernández
A pesar de la expedición de leyes y reglamentos que obligan a los funcionarios y responsables de la operación de las dependencias y entidades públicas a rendir cuentas claras y oportunas de su gestión y de la aplicación de los recursos públicos, aún estamos en pañales en esa materia.
Constantemente vemos denuncias en los medios de que funcionarios u órganos de gobierno malversan o hacen uso ilegal y deshonesto de los recursos puestos bajo su custodia, administración o para la aplicación en servicios y obras públicas que requiere la ciudadanía, y los órganos de vigilancia o de fiscalización, bien gracias, no actúan o se hacen de la vista gorda.
Así tenemos que, por un lado, la revisión y fiscalización estatal, ya sea de la Contraloría del Estado, de las Contralorías Internas o de la Auditoría Superior del Estado, no rinde los resultados que debe tener o, al menos, la ciudadanía no conoce cuáles fueron éstos; lo que sí sabemos es que a ningún funcionario público se le ha aplicado la ley por peculado, malversación de fondos, irregularidades en las obras o servicios realizados, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, nepotismo, negligencia en sus funciones, etc.
Aparentemente todo está bien y los funcionarios cumplen su función y ejercen sus atribuciones a la perfección.
Cada año vemos con expectativa cuáles van a ser las conclusiones de la revisión de cuentas públicas por parte del Congreso y de la Auditoría Superior, esperando que ahora sí caiga cuando menos algún pez gordo en las manos de la justicia.
Y sólo nos conformamos con ver el circo de siempre: las largas y pesadas excusas del Auditor en turno, los secuestros de las cuentas por el Presidente de la Comisión de Vigilancia en funciones (esta vez le tocó al empresario del lechón tostado hecho diputado), para finalmente salir con el cuento de siempre: pequeñas faltas que están solventando los culpables y una retahíla de “recomendaciones” para que ya no vuelvan a incurrir en irregularidades.
¿Es esa la labor y función de los órganos de vigilancia?, realmente, ¿todo está muy bien y no hay elementos para sancionar a nadie?, o ¿está fallando la labor fiscalizadora y no se está revisando a conciencia la aplicación de todos los recursos en poder de las entidades públicas?
Porque ya los ciudadanos no nos tragamos el cuento ¿chino? de que todo esta muy bien y no hay elementos o razones para sancionar o perseguir incluso penalmente a nadie, ya que constantemente vemos denuncias y quejas desde un maltrato en el servicio al ciudadano, que hechos de corrupción y desviación de recursos públicos debidamente documentados por los denunciantes, ¿por qué la autoridad no actúa?
Y ejemplos sobran en Campeche, desde el famoso caso de corrupción en un organismo descentralizado de la SECUD hasta las últimas denuncias públicas de los malos manejos en el INJUCAM y en la UNACAR. Nada más, el día de hoy revise usted la prensa y verá cuántas denuncias de malos manejos de recursos públicos salen a luz pública en un día. Y la autoridad, bien gracias.
Sería interesante saber si la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado han aplicado alguna vez la atribución y, por lo tanto, la obligación que les impone la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche, en el ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización, y qué resultados han tenido al respecto. El Artículo 98 de dicha Ley establece lo siguiente:
“LA SECRETARIA Y LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL PODRÁN LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES O AUDITORÍAS PARA VERIFICAR LA EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO EXISTAN ELEMENTOS O DATOS SUFICIENTES QUE HAGAN PRESUMIR QUE EL PATRIMONIO DE UN SERVIDOR PÚBLICO ES NOTORIAMENTE SUPERIOR A LOS INGRESOS LÍCITOS QUE PUDIERA TENER…”
Esta facultad de investigación es hasta tres años después de haber dejado el cargo el funcionario, por si hay aquello de que como es mi jefe no lo puedo investigar, e incluye a todos sus parientes directos y a su cónyuge, ya que tienen la estrategia de poner a nombre de otros las propiedades que adquieren ilícitamente. Y todo esto es independiente de las sanciones penales que se configuren por la comisión de delitos como peculado, fraude, robo, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, colusión de funcionarios, etc.
No se vale, no es cierto que estemos en jauja o en el País de las Maravillas; si las autoridades que deben actuar, llámese Contraloría del Estado, Auditoría Superior, Contraloría Interna, no actúan, que se aplique todo el peso de la ley a ellos, doblemente, ya que permitieron, ocultaron, soslayaron y siguen haciéndose de la vista gorda ante toda la impunidad, la corrupción y de pilón, la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Si no es así, ¿en donde está la relación de los inhabilitados o sancionados por la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado?, ¿en dónde están todas las observaciones y resultados de las auditorías practicadas a las dependencias y entidades, órganos autónomos, ayuntamientos?, ¿en dónde están las sanciones aplicadas y los responsables por tanto mal manejo y corrupción en el servicio público?
La Ley de Transparencia obliga a hacer pública toda esta información, y los órganos de fiscalización, para comenzar, no están cumpliendo debidamente con esta obligación; y que no interpreten la ley a su conveniencia y a conveniencia de sus intereses mezquinos.
Los ciudadanos queremos cuentas claras e información clara y fidedigna de qué están haciendo con nuestros impuestos.
